Incidente de cese por doble condición

En la presente causa de ejecución penal juvenil, la Defensa Técnica del joven sentenciado XXX, así como el Ministerio Público, plantean a este Tribunal el análisis y discusión del instituto de ejecución penal juvenil denominado como "cese de sanción penal juvenil por doble condición", es decir, cuando la persona joven ostenta la doble condición jurídica de sentenciada con la Ley de Justicia Penal Juvenil y sentenciada con la legislación penal para adultos (párrafo tercero del artículo 6 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, ley número 8460, publicada en la gaceta número 229, que fue publicada y entró en vigencia el día 25 de noviembre del 2005). Dicho instituto de ejecución penal juvenil, señala expresamente que cuando se esté bajo la anterior situación, "en cualquier momento y a solicitud de la administración penitenciaria, el juzgado ejecutor de la pena podrá hacer cesar la sanción penal juvenil y autorizar que la persona sea ubicada en un centro penal de adultos, para que ejecute la sentencia pendiente." Para una correcta aplicación e interpretación de dicho instituto de ejecución penal juvenil, considera este Tribunal que los juzgadores especializados en ejecución penal juvenil, deben de tomar muy cuenta los siguientes aspectos:

I- PRINCIPIO DE LEGALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN PENAL JUVENIL. Apego a los requisitos y parámetros establecidos en el párrafo tercero del artículo 6 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. El primer aspecto que debe considerar el juez de ejecución penal juvenil, a la hora de aplicar este instituto, es el respeto y total apego al "principio de legalidad durante la ejecución penal juvenil", en el sentido de que el cese de la sanción penal juvenil por doble condición, se encuentra previsto y regulado en el párrafo tercero del artículo 6 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. El principio de legalidad, incluso se encuentre establecido en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, indicando que "...la ejecución de toda medida y sanción penal impuesta deberá regirse por las disposiciones de la presente Ley y las demás que fijan la materia..." Conforme a dicho principio, es obligación del juez de ejecución penal juvenil, aplicar los institutos regulados en dicha ley especializada, en "estricto" apego a lo que la ley estipula ("Lex Stricta"), evitando el exigir requisitos que no han sido estipulados expresamente por el legislador, o incluso llevando a cabo interpretaciones sumamente amplias en detrimento y perjuicio de los derechos fundamentales del menor de edad o persona joven sentenciada, así como evitando la aplicación de la analogía "in malam partem". Al respecto la doctrina nacional ha dicho: "...El principio de legalidad, en materia penal sustantiva puede constituirse tanto en un límite externo como en un mecanismo legitimante del ejercicio del denominado ius puniendi como monopolio estatal...  ...Se encuentra, también en los numerales 28 y 11 de la Carta Fundamental; éste último, en lo que interesa destaca: "los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella... ...Tradicionalmente es conocido bajo el aforismo nullum crimen, nulla poena, sine previa lege y sus elementos son: la lex scripta, la lex stricta, la lex praevia y la lex certa. Su contenido está dirigido tanto al legislador como al intérprete de las normas penales...  ...Se dirigen a quien juzga los principios de lex scripta y lex stricta...  ...De este principio puede extraerse que está proscrito: a) El uso de la analogía (sea el emplear la ley para un supuesto no previsto en ella pero de similares características a otro que sí está regulado en su ámbito de aplicación)... ...Es justamente, el principio de legalidad (principio constitucional de rango superior a la ley) el que proscribe el uso de la analogía in malam partem en materia penal lo que también expresamente refiere el numeral 2 del Código Penal al señalar: "no podrá imponerse sanción alguna, mediante aplicación analógica de la ley penal" ley especial ésta que prevalece sobre aquella que es general...  ...b) Recurrir a las interpretaciones extensivas in malam parten, esto es, en perjuicio de las partes del proceso y, en particular, de la persona acusada. La interpretación restrictiva, que predomina en material penal, deriva del principio constitucional "pro libertatis" según el cual todas aquellas disposiciones legislativas que coarten la libertad personal, como derecho fundamental establecido en la Constitución Política, son excepcionales y, por ende, sólo aplicables a los presupuestos expresamente establecidos en dichas normas... (Principio de Legalidad. ¿muro de contención o límite difuso para la interpretación de la teoría del del delito en C.R.?  Rosaura Chinchilla Calderón. Primera Edición. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. Julio del 2010. Pag. 23-34)  Conforme a lo anterior, y a criterio de este Tribunal, en "estricto" apego al principio de legalidad, la norma debe ser interpretada bajo las siguientes consideraciones: 1)- La persona joven debe ostentar la doble condición jurídica de sentenciada con la Ley de Justicia Penal Juvenil y sentenciada con la legislación penal para adultos. Por interpretación amplia a favor de los derechos fundamentales del joven sentenciado, se debe entender que puede solicitarse el cese de cualquiera de las sanciones penales juveniles, contempladas en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. En relación con la sanción impuesta conforme a la legislación penal para adultos, por razones obvias, debe de tratarse del cumplimiento efectivo de una pena de prisión, lo cual se extrae expresamente de la norma, cuando indica textualmente que "el juzgado ejecutor de la pena podrá hacer cesar la sanción penal juvenil y autorizar que la persona sea ubicada en un centro penal de adultos, para que ejecute la sentencia pendiente."; 2)- Se puede solicitar en cualquier momento, es decir, la norma no requiere como requisito previo para poder gestionarlo y mucho menos para conceder el cese de la sanción penal juvenil, el cumplimiento de la mitad de duración de la sanción penal juvenil (mitad de la pena); 3)- La solicitud de cese de la sanción penal juvenil por doble condición puede gestionarlo la administración penitenciaria, pero también - por interpretación amplia a favor de los derechos fundamentales del joven sentenciado - procede a solicitud de la persona joven y de su abogado defensor; 4)- El juez competente para resolver (acoger o rechazar) la solicitud de cese de la sanción penal juvenil por doble condición, es el juez de ejecución penal juvenil. En caso de ordenar el cese de la sanción penal juvenil, debe autorizar que la persona sea ubicada en un centro penal de adultos, para que ejecute la sentencia pendiente (ejecute la sentencia impuesta conforme a la legislación penal de adultos); 5)- El juez de ejecución penal juvenil, puede acoger o rechazar la solicitud de cese de la sanción penal juvenil por doble condición, mediante resolución debidamente motivada, y en estricto apego al principio de legalidad durante la ejecución penal juvenil, así como tomando muy en cuenta en cada caso particular, el principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción penal juvenil en relación con el delito cometido (gravedad del hecho delictivo y magnitud del daño causado), el principio de responsabilidad del joven sentenciado (sujeto de derechos y obligaciones), el principio de "última ratio" de la sanción de internamiento, así como tomando en cuenta los objetivos y finalidades de la ejecución de la sanción penal juvenil, que evidentemente se relacionan con los principios rectores de la justicia penal juvenil, como son: a)-  lograr su desarrollo personal permanente, el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad (principio rector de interés superior de la persona joven, principio rector de la finalidad primordialmente educativa de la sanción penal juvenil, principio rector de protección integral, principio rector de formación integral); b)- su reinserción en la familia y la sociedad (principio rector de reinserción en su familia y la sociedad). Todo lo anterior nos permite concluir que en efecto el cese de la sanción penal juvenil por doble condición, es un instituto de ejecución penal juvenil expresamente regulada en la ley, y por lo tanto "su aplicación no puede ser considerada o visualizada como generadora de impunidad", pero tampoco puede ser considerada como de aplicación "automática", es decir por el simple hecho de que el joven ostente la doble condición, sin motivación o fundamentación alguna, por cuanto ello implicaría propiciar la irresponsabilidad del joven sentenciado y sería contrario a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción penal juvenil en relación con el delito cometido, principios rectores, así como contrario a los objetivos y fines de la sanción penal juvenil. Precisamente en ese sentido existen gran cantidad de pronunciamientos del Tribunal de Casación Penal de Goicoechea, que en lo que interesa ha dicho: "...En todo caso, debe quedar claro que las sanciones que se imponen en materia penal juvenil son mandatos jurídicos, que deben hacerse cumplir en forma oportuna por los funcionarios respectivos. Su naturaleza no es meramente simbólica, ni están diseñadas para fomentar la irresponsabilidad de la persona a la que se la ha impuesto alguna medida de ese tipo. En cuanto a ello, ya este tribunal en su jurisprudencia ha señalado que: " Debe tenerse en cuenta que el Derecho Penal Juvenil persigue fundamentalmente un carácter educativo, pero ello no debe llevar a negar que se trata propiamente de un Derecho Penal, aunque con características especiales derivadas precisamente del principio educativo. Por ello la sanción penal juvenil es como su nombre lo dice una sanción, implicando en definitiva una restricción de derechos del joven, no pudiendo dejarse a voluntad de éste la escogencia de la sanción, ni tampoco su cumplimiento. Debe anotarse que el sistema de Derecho Penal Juvenil persigue también que los jóvenes asuman la responsabilidad por los actos que realizan, no pudiéndose simplemente fomentar la irresponsabilidad, lo que de todas maneras sería inadecuado desde una perspectiva educativa. En otras palabras la sanción penal juvenil aun con el sentido educativo que debe tener es propiamente una sanción, no necesitándose que sea percibida por el joven como una medida que se dicta en su beneficio y que por lo tanto puede cumplirla si quiere ." (Votos 2004-0206 de las 9:34 horas del 4 de marzo de 2004 y 2005-0111 de las 10:30 horas del 18 de febrero de 2005). En resumen, la resolución impugnada no es violatoria de las reglas de la sana crítica. Por ende, el reclamo debe ser declarado sin lugar. (Voto 042-2006 de las 10:50 horas del 31 de enero del 2006. Jueces de Casación: Ulises Zúñiga Morales, Jorge Chacón Laurito y Kattia Fernández González).  "...de tal forma que consideramos que la motivación dada por la a quo es la adecuada y guarda proporcionalidad y es razonable con la conducta ilícita desplegada por el joven imputado, máxime que la sanción de Libertad Asistida y las Ordenes de Orientación y Supervisión por el plazo simultáneo de dos años no son de extraordinaria complejidad en su cumplimiento, puesto que la primera es la de asistir al Programa de Ofensores Sexuales y las segundas la de mantener domicilio fijo y abandonar el trato con la víctima y sólo en caso de incumplimiento injustificado de las mismas, se le impondrá internamiento por un año, de modo tal que el vicio alegado no se dio en la especie, máxime que como lo afirman los autores del libro Derecho Penal Juvenil, Carlos Tiffer, Javier LLobet y Frieder Dunkel en el folio 447: "...el Derecho Penal Juvenil parte de que los jóvenes deben responder por sus actos, debiéndose establecer una respuesta seria frente a una infracción de gran gravedad, ello sin dejar de tomar en cuenta en la fijación de la sanción el principio educativo de la sanción. Ello está relacionado, no solamente con una consideración de prevención general, sino también en forma indirecta con el mismo principio educativo, por cuanto sería contrario al mismo un sistema que promoviera la falta de responsabilidad, debiendo entenderse como tal no solamente el que fomentara la impunidad, sino también el que se llevara una respuesta ínfima frente a hechos de gran gravedad." (Voto 818-2006 de las 11:10 horas del 11 de agosto del 2006. Jueces de Casación: Jorge Chacón Laurito, Omar Vargas Rojas y Martín Rodríguez Miranda).   "...Con base en todo lo anterior debe indicarse lo siguiente: la sanción penal juvenil es como su nombre lo indica una sanción, de modo que no debe ser percibida por el joven condenado como un favor que él hace cuando cumple, ni que los obligados a hacer que cumpla son propiamente los funcionarios de Adaptación Social, pudiendo desentenderse completamente él al respecto..." (Voto 1069-2005 de las 9:50 horas del 20 de octubre del 2005. Jueces de Casación: Javier Llobet Rodríguez, Jorge Luis Arce Víquez y Ulises Zúñiga Morales).   "...Todas las sanciones penales juveniles, responden al principio educativo, sin que quede excluida de esa proyección socio-educativa la de Internamiento en Centro Especializado, que al igual que las demás, tal y como lo establece el numeral 133 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, debe ejecutarse fijando y fomentando “las acciones sociales necesarias que le permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades..." (Voto 442-2009 de las 16:15 horas del 28 de abril del 2009. Jueces de Casación: Jorge Camacho Morales, Lilliana García Vargas y Ulises Zúñiga Morales).   "...Es claro que el anterior razonamiento tiene en cuenta no sólo la función socioeducativa de la sanción sino, además, otras de prevención general al punto que se impone una sanción principal de internamiento en centro especializado pero, en criterio de esta Cámara, la jueza de instancia pondera adecuadamente ambos fines dándole preeminencia, como lo señala la legislación, al socioeducativo ya que el joven sentenciado ha ido presentado un proceso positivo en su desarrollo social (se ha insertado laboralmente, ha dejado amistades y suprimido el uso de drogas, tiene mayores niveles de contención y contactos familiares, etc.) que no puede truncarse sino potenciarse con sanciones como las impuestas que, sin embargo, lo responsabilizan por sus actos y le permiten generar mayor conciencia sobre ellos al punto de someterlo a trabajo comunal y sujetarlo al Programa de Manejo de la Violencia ante cuyo incumplimiento se haría efectiva la sanción de internamiento impuesta. La transcripción anterior deja en evidencia que la motivación existe, es amplia, válida, no contradictoria ni contraria a las reglas de la sana crítica y lo que expresa la recurrente es una disconformidad subjetiva con ella. No obstante ello, estima esta Cámara que lo resuelto por la a quo se ajusta a los parámetros que ya este mismo Tribunal, con otra integración, ha venido enunciado al indicar: "Es importante anotar que no puede admitirse un fin retributivo de la sanción en el Derecho Penal Juvenil, debido a que un criterio en el que la sanción sea un fin en sí mismo, tal y como lo propone Immanuel Kant en la Metafísica de las Costumbres (Kant. Die Metaphysik der Sitten. Stuttgart, Reclam, 1990, pp. 194-195), no es acorde con el principio de que el Derecho Penal, y dentro del mismo el Derecho Penal Juvenil, está destinado a hacer posible la convivencia en Sociedad. Debe tenerse en cuenta que el sistema de sanciones debe tener un sentido, no siendo posible la imposición de sanciones por meras exigencias metafísicas de justicia. El fin retributivo desempeña solamente una función estableciendo el límite máximo de la sanción que se le puede imponer al joven conforme al principio de culpabilidad (teoría del no rebasamiento de la culpabilidad) (Véase voto 781-F-97 del Tribunal de Casación, que asumió dicha teoría. Sobre ello: Llobet Rodríguez, Javier. Fijación de las sanciones penales juveniles. En: Tiffer/Llobet. La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica. San José, ILANUD/UNICEF/Unión Europea, 1999,, pp. 108-111). Dentro del Derecho Penal Juvenil la finalidad que tiene primordialmente la sanción es de carácter educativo (Art. 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil), lo que se relaciona dentro de la teoría de la pena con la prevención especial positiva. Por supuesto que a pesar del carácter preponderante de dicho fin, no puede desconocerse que la sanción penal juvenil también desempeña una función de prevención general, lo que no es desconocido por la Ley de Justicia Penal Juvenil, al hacer referencia a la finalidad “primordialmente educativa” (Art. 123), lo que implica que no es exclusivamente educativa (Cf. Llobet Rodríguez, Javier. Fijación…, pp. 121-144). En el caso concreto (...) no se dejan de considerar aspectos de carácter preventivo ajenos al principio educativo. Por ello no se considera adecuado lo dicho por el Ministerio Público (...) los efectos criminógenos de la sanción privativa de libertad no pueden dejar de ser considerados al momento de decidir sobre si debe continuar la ejecución de la misma. Dichos efectos deben ser valorados en conjunto con una serie de aspectos adicionales, tales como la posibilidad de que el joven lleve una vida exenta de delito sin necesidad de privarlo de libertad, de modo que tenga un proyecto de vida en ese sentido, pudiéndose tomar en cuenta entre otros aspectos los deseos de superación del joven, entre ellos sus deseos de laborar y estudiar y el mismo apoyo familiar que tenga al respecto. Todos esos aspectos, que fueron considerados en la resolución recurrida, tienen relevancia para obtener el objetivo de “reinserción social del menor de edad” (Art. 136 inciso e) de la Ley de Justicia Penal Juvenil). Es importante anotar que la violencia que existe en nuestras prisiones y dentro de las mismas en los Centros de detención de la Justicia Penal Juvenil (...) es una realidad que no puede ser obviada, debiendo ser considerada por el Juez (...) de conformidad con los principios de interés superior del Niño y de protección integral de éste (Art. 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y Art. 3 de la Convención de Derechos del Niño). Por ello no es admisible que el Juez (...) se desentienda de dicha violencia con la afirmación de que no se trata de un problema que deba ser tomado en cuenta por el Juez en sus resoluciones, sino que debe exigírsele al Estado que garantice la seguridad de los jóvenes privados de libertad. Por supuesto que existe una obligación del Estado en ese sentido, pero no podemos quedarnos en el plano meramente teórico, sino debemos reconocer que en la práctica no se llega a cumplir cabalmente con dicha obligación (...) no se aprecia la falta de fundamentación acusada por el Ministerio Público, sino más bien que el Juez en su motivación es acorde con los principios del Derecho Penal Juvenil, en el cual la sanción de internamiento debe ser aplicada como la última alternativa, ello debido a los efectos perjudiciales que presenta la misma para el desarrollo del joven que es sometido a la misma (Cf. Llobet Rodríguez, Javier. La fijación…, pp. 97-104). Por ello mismo cuando se ha dispuesto en sentencia la privación de libertad, se establece la posibilidad de que sea modificada durante la ejecución, todo para facilitar la reinserción social del joven, o bien cuando la sanción ha perdido su sentido (Art. 136 inciso d) de la Ley de Justicia Penal Juvenil) (...) Ello es conforme además con la Convención de Derechos del Niño, que en su Art. 37 inciso b) establece que la privación de libertad debe ser utilizada solamente como último recurso y debe durar el período más breve posible. Esto mismo se establece en el numeral 19.1 de las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores y en el numeral 2 de las Reglas de la ONU para la protección de los menores privados de libertad. Ambas Reglas Mínimas aunque no se encuentran dentro del catálogo de normas jurídicas vigentes en Costa Rica, ello por tratarse de meras recomendaciones, son instrumentos de gran utilidad para la interpretación de la Convención de Derechos del Niño y de la legislación ordinaria del Derecho de la Infancia, dentro de la que se encuentra la Ley de Justicia Penal Juvenil." (Tribunal de Casación Penal de San José, voto Nº 2001-586). Lo que esta Cámara comparte..." (Voto 1185-2008 de las 14:30 horas del 25 de noviembre del 2008. Jueces de Casación: Rosaura Chinchilla Calderón, Rafael Gullock Vargas y Sandra Eugenia Zúñiga Morales)   "...De lo expuesto se colige, en primer lugar y con meridiana claridad, que en la sentencia se parte de que el fin único de la sanción penal juvenil es el educativo pues se deja al margen la gravedad del hecho, que la misma juzgadora resalta una y otra vez, para optar como sanción alternativa al internamiento por una libertad asistida con la imposición de órdenes de orientación que dependen del mismo sentenciado, lo cual riñe tanto con la misma legislación vigente (cfr.: artículos 122 inciso f, 123 y 132 inciso a de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 17.1.a de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o reglas de Beijing que señalan esa finalidad como predominante más no como exclusiva) como con los criterios que, con anterioridad, ha esbozado este Tribunal y que ahora se reiteran según los cuales: "Dentro del Derecho Penal Juvenil la finalidad que tiene primordialmente la sanción es de carácter educativo (Art. 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil), lo que se relaciona dentro de la teoría de la pena con la prevención especial positiva. Por supuesto que a pesar del carácter preponderante de dicho fin, no puede desconocerse que la sanción penal juvenil también desempeña una función de prevención general, lo que no es desconocido por la Ley de Justicia Penal Juvenil, al hacer referencia a la finalidad “primordialmente educativa” (Art. 123), lo que implica que no es exclusivamente educativa (Cf. Llobet Rodríguez, Javier. Fijación…, pp. 121-144)." (Tribunal de Casación Penal de San José, voto Nº 586-01. En igual sentido los votos Nº 898-01 y Nº 1034-01). Al sostenerse esa tesis, se pierde de vista que uno de los parámetros para establecer la sanción es, justamente, la gravedad de los hechos acreditados que, en este caso, aluden a la tentativa de privación de una vida humana, aspecto sobre el que si bien la juzgadora insiste, parece no serle de ningún peso al establecer la sanción. Pero, además, esa motivación -de por sí insuficiente habida cuenta de lo anterior- es igualmente omisa y contradictoria allí donde se esboza pues dice basarse en la prueba documental y pericial admitida en debate, pero de esa probanza, específicamente del informe social y del peritaje psicológico que allí se mencionan, se denota claramente la imposibilidad de que el sentenciado asuma un proyecto de vida propio habida cuenta de su falta de contención, de su problema de adicción y de la falta de conciencia esperada sobre sus actos, que llevan a esas profesionales a recomendar con urgencia el apoyo institucional para que esos objetivos se logren. Pese a eso la juzgadora opta por imponer órdenes de orientación, como acompañamiento de la libertad asistida, que carecen de ese apoyo institucional sobre el sentenciado habida cuenta que lo obliga a matricularse en un centro educativo, abstenerse de consumir drogas, etc., es decir, no se razona por qué, pese a lo indicado en esos informes, la juzgadora se aparta de tales criterios y opta por ese tipo particular de sanción todo lo cual, incluso, ya se había mencionado para este mismo caso en el voto Nº 2005-1266 de esta Cámara, con una integración diversa a la actual, ocasión en la que se indicó: "Esta cámara luego del estudio del considerando del fallo referido a la imposición de la sanción determina, que efectivamente la juzgadora no motivó adecuadamente las razones que tuvo, para imponer las medidas alternativas al internamiento solicitadas las últimas por la fiscalía en debate. Existe el informe de trabajo social visible a los folios 76 a 81, donde se habla de que se desconoce si el grupo familiar constituye un recurso de apoyo y que el joven se encuentra en la actualidad en alto riesgo social, pericia que debió ser analizada por la juzgadora, así mismo el hecho de que indique que el Sr. Javier Briceño, se encuentra en disposición de brindarle apoyo al menor, no acredita esta realidad lo que amerita al menos recibir su testimonio para confirmarlo, situaciones que demuestran la falta de fundamentación de las sanciones impuestas" (ver folios 488-489 del tomo I del expediente principal) yerro que, sin embargo, se vuelve a cometer pues ninguna razón se plasma en la sentencia para dejar al margen esas referencias probatorias. Así las cosas, lo procedente es acoger el motivo, anular parcialmente la sentencia impugnada y ordenar el juicio de reenvío ante una nueva conformación del tribunal de instancia..." (Voto 1183-2008 de las 11:45 horas del 21 de noviembre del 2008. Jueces de Casación: Rosaura Chinchilla Calderón, Edwin Salinas Durán y Sandra Eugenia Zúñiga Morales). Es por todo lo anterior que la resolución que resuelva la solicitud de cese de la sanción penal juvenil, por doble condición (ya sea acogiéndola o rechazándola), debe estar debidamente motivada, respetar al principio de legalidad, tomar en cuenta el principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción penal juvenil en relación con el delito cometido (gravedad y magnitud de los hechos delictivos cometidos), basarse en el principio de responsabilidad del joven sentenciado, pero sobre todo y de forma primordial la decisión que se tome por parte del juez de ejecución penal juvenil, debe estar orientada en los principios rectores especializados, objetivos y finalidad educativa de la sanción penal juvenil, todo en aras de buscar que el joven sentenciado logre una pronta reinserción social y familiar. Por ser esenciales todos esos principios, objetivos y finalidades de la sanción penal juvenil, a continuación se desarrollan de una forma más amplia.

II- PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA SANCIÓN PENAL JUVENIL.  Apego a los principios, objetivos y finalidades de la sanción penal juvenil, establecidos tanto en la Ley de Justicia Penal Juvenil, como en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles  y en Instrumentos Internacionales. Es necesario iniciar este considerando, analizando el denominado principio de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones penales juveniles en relación con el delito cometido (gravedad y magnitud de los hechos delictivos cometidos). En ese sentido es menester indicar que ha sido la doctrina alemana la que ha estudiado con mayor amplitud qué debe entenderse por el principio de proporcionalidad y razonabilidad, principio amplio que también se le conoce como "prohibición de exceso". Es así como este principio amplio, ha sido desarrollado en tres subprincipios a saber: a)- Principio de Idoneidad: El principio de idoneidad consiste en llevar a cabo una valoración de la medida adoptada en relación con su finalidad. Se debe analizar si la medida adoptada es o no adecuada para alcanzar el fin; b)- Principio de Necesidad: Se le denomina como principio de "intervención mínima", de la "alternativa menos gravosa" o de "subsidiariedad". Tiende a la optimización del grado de eficacia de los derechos individuales frente a las limitaciones que pudieran imponer en su ejercicio los poderes públicos. Obliga a los órganos del estado a comparar las medidas restrictivas aplicables que sean suficientemente aptas para la satisfacción del fin perseguido y a elegir, finalmente, aquélla que sea menos lesiva para los derechos de los ciudadanos; c)- Principio de Proporcionalidad en Sentido Estricto: Se aplica una vez aceptada la idoneidad y necesidad de una medida, con el fin de determinar, mediante la utilización de las técnicas del contrapeso de bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del caso concreto, si el sacrificio de los intereses individuales que comporta la injerencia guarda una relación razonable o proporcionada con la importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar. Si el sacrificio resulta excesivo la medida deberá considerarse inadmisible, aunque satisfaga el resto de presupuestos y requisitos derivados del principio de proporcionalidad. La solución de la relación de tensión sólo puede lograrse mediante la ponderación de los valores e intereses involucrados en el caso concreto, operación tras la cual podrá concederse si el medio se encuentra en razonable proporción con el fin perseguido. (Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso Penal. Nicolás González-Cuellar Serrano)  La doctrina nacional sobre este tema también ha dicho: "...a) Principio de idoneidad: La idoneidad hace referencia a la obligatoriedad de todos los poderes públicos de cumplir en su funcionamiento con los fines que persiguen. Consecuentemente, la actividad pública se encuentra constitucionalmente obligada a respetar el principio de idoneidad en la creación y aplicación normativa, y especialmente la que va encaminada a la restricción de los derechos fundamentales. En otras, palabras, la idoneidad de un acto será considerada en la medida que se adecue a los fines propuestos, es decir, el fin vendría a justificar la medida. De ahí que también el principio de proporcionalidad en el sentido amplio se apoye en el esquema medio-fin desde el cual pueden ser analizadas las medidas en relación con su finalidad. b) Principio de necesidad: Los entes públicos cuando desarrollen su función deben realizarla mediante los mecanismos que procuren la mayor disminución posible de cualquier efecto lesivo en la esfera de derechos y libertades del individuo. De ahí también que los poderes públicos deben de escoger, entre las medidas, las que menos afecten los derechos fundamentales. Vista desde esta forma, la proporcionalidad de la actividad pública se entiende que se busca una optimización del grado de eficacia de los derechos individuales frente a las limitaciones que pudieran imponerse por el ejercicio de los poderes públicos. De lo anterior podemos deducir, que las limitaciones a los derechos fundamentales se concretan por medio de un principio de intervención mínima y solo cuando son estrictamente necesarias. Una intervención que no sea mínima ni necesaria sería desproporcional y consecuentemete contraria a la Constitución. c) Principio de proporcionalidad en sentido estricto: Una vez que el poder público ha aceptado la idoneidad y la necesidad de un acto y se ha considerado que el sacrificio de los intereses individuales guarda una razonable y proporcionada relación con la importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar, nos encontramos ante la proporcionalidad del acto público. Si el sacrificio resulta excesivo la medida deberá considerarse inadmisible porque resultaría contraria a la Constitución. Aquí la proporcionalidad de la actividad pública alcanza su significación, ya que se enfrenta a la referencia que indicábamos arriba, es decir, a los valores a que tienden las normas para la resolución de conflictos, mediante un necesario equilibrio de intereses enfrentados, por ejemplo; libertad vrs prisión..." "...Por lo menos a nivel doctrinal y de derecho internacional, especialmente las normas relacionadas con las conductas delictivas de las personas menores de edad, en especial la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, nos orientan hacia una respuesta o reacción frente a estos hechos delictivos de una manera diferente a la tradicional. En donde el principio de proporcionalidad o la prohibición de exceso adquiere un carácter de primer orden."  "...Una de las particularidades que debería diferenciar a esta Justicia es la idea primordial de la desjudicialización, muy relacionada con la despenalización y el derecho penal mínimo, que no es otra cosa que la utilización racional y proporcional de los medios con los que cuenta el Estado para la represión del delito. De tal forma que la intervención judicial sea solamente para casos necesarios y graves en donde no haya sido posible decretar las medidas desjudicializadoras. Otra idea fundamental de esta justicia especializada es la flexibilización y diversificación, es decir, que esta justicia sea tolerante y con posibilidades de variabilidad según las necesidades de los jóvenes en cada caso en particular. Lo mismo que la reacción sea diversificada, es decir, una pluralidad de medios de respuesta, desde la presentación de la denuncia hasta la ejecución de eventuales sanciones, a los cuales se puedan remitir a los jóvenes, de tal forma que la afectación del proceso de desarrollo en que se encuentran sea el mínimo. Se trata de elegir, entre distintas alternativas, la que menos perjudique derechos y libertades de las personas jóvenes. Como al principio manifestamos, este principio de proporcionalidad tiene vigencia y aplicación prácticamente en todo el derecho, pero particularmente en el derecho penal y agregaríamos que tiene una completa vigencia en el derecho penal juvenil. La justicia juvenil debe caracterizarse por una mayor acentuación de los beneficios y de las garantías en relación a las personas adultas. Se trata de una justicia penal más benigna, el principio de proporcionalidad en la justicia juvenil demuestra su fidelidad al cometido de la realización de principios de política criminal, como por ejemplo, la intervención mínima, el interés superior de la persona menor de edad, el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de nuestra República y de su Constitución como Estado de Derecho."  "...La Ley de Justicia Penal Juvenil, ha establecido una amplia gama de consecuencias jurídicas. Este grupo variado de sanciones o consecuencias jurídicas, permite la posibilidad de aplicar al joven sometido o sentenciado en un proceso penal juvenil el principio de proporcionalidad y racionalidad, todo esto bajo los criterios de intervención mínima. "...Como habíamos señalado anteriormente la proporcionalidad está estrechamente referida a la sanción, no solo en materia procesal penal de adultos, sino que también en la justicia juvenil. El artículo 25 de esta ley establece: "las sanciones que se impongan dentro del proceso tendrán que ser racionales y proporcionales a la infracción o al delito cometido". De lo anterior podemos claramente deducir que la proporcionalidad se convierte en una exigencia para el juez a la hora de no solo establecer la sanción, sino a la hora de establecer el quantum de la sanción. La proporcionalidad en la justicia juvenil adquiere desde nuestro punto de vista una mayor posibilidad con respecto a la sanción, esto principalmente debido a la amplia gama o catálogo de sanciones, es decir, existen más oportunidades para el juez, ya que cuenta con mayor posibilidad de sanciones y consecuentemente mayores recursos para encontrar el equilibrio entre los valores protegidos por la ley y el fin educativo propuesto. Otro principio que en la justicia juvenil adquiere mayor vigencia relacionado con la proporcionalidad es la idoneidad, ya que al establecerse este cuadro amplio de sanciones, el juez tendrá que considerar la idoneidad de la sanción con relación no solo al hecho cometido sino también con las posibilidades que el joven o el adolescente tiene para cumplir esta sanción. La sanción se convierte en esta interpretación en un medio idóneo para el cumplimiento de los fines de la prevención especial establecidos. La proporcionalidad enfocada desde la sanción, sirve como una salvaguardia necesaria y útil frente al peligro de excesos en la reacción Estatal. Más tratándose de conductas delictivas de personas jóvenes, que como hemos dicho justifican, no solo una justicia especializada sino una justicia más benigna."(Derecho Penal Juvenil. Carlos Tiffer Sotomayor y Otros. Primera Edición. Editorial Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José S.A. San José, Costa Rica. 2002. Pag. 263-294). Es innegable que, en la etapa de ejecución penal juvenil, ya nos encontramos ante el cumplimiento de una sanción firme (cosa juzgada material), tanto en lo relacionado al tipo de sanción aplicada, como en lo atinente a su duración. Efectivamente dicha sanción es la que en su momento el juez penal juvenil consideró proporcional y razonable en relación al delito cometido (gravedad y magnitud del hecho delictivo cometido), valorando las demás circunstancias personales y familiares del joven sentenciado, así como también tomando en cuenta los principios, objetivos y fines, fijados en la justicia penal juvenil. Pero a pesar de lo anterior, y conforme a la regulación realizada de la justicia juvenil, tanto a nivel internacional como nacional, es claro que la justicia penal juvenil, concretamente en la etapa de ejecución - donde ya existe cosa juzgada material - también goza de una gran flexibilidad y variabilidad. Es así como, en estricto apego al principio de legalidad, el juez de ejecución penal juvenil puede modificar y sustituir la sanción juvenil impuesta en sentencia, por otras menos gravosas, otorgar algún beneficio y hasta decretar el cese de la sanción (artículo 136 inciso e) , f) y g) de la Ley de Justicia Penal Juvenil y el artículo 16 inciso f) de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles). Esto es posible por cuanto la justicia penal juvenil, tanto a la hora de juzgar al joven, como a la hora de ejecutar la sanción, se nutre y orienta en diversos criterios y principios, como son la aplicación diversificada, es decir, en la regulación de una pluralidad de medios de respuesta (tanto para el momento de dictar sentencia como para el momento de ejecutar la sanción), el brindar una reacción penal a los hechos delictivos cometidos por una persona menor de edad, de una manera diferente a la tradicional (diferente a la establecida para la justicia de adultos), la prevalencia de criterios de desjudicialización, despenalización y de derecho penal mínimo. Todo lo anterior lo que busca es la realización y respeto de la dignidad humana, específicamente de las personas menores de edad y jóvenes sancionados, en busca de que la afectación de sus derechos y libertades fundamentales, por la aplicación del "ius puniendi", sea realmente mínima. Para lograr esa flexibilización y variabilidad en la justicia penal juvenil, sobre todo en la etapa de ejecución de la sanción, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, adquiere trascendental importancia, por cuanto el juez de ejecución penal juvenil, deberá analizar - entre otras cosas - las circunstancias de cada caso en particular, tomar en consideración las necesidades del joven sentenciado, valorar que la intervención punitiva debe ser sólo para casos graves, pero también valorando el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, debe el juez de ejecución penal juvenil encontrar un equilibrio entre los valores protegidos por la ley, y el fin primordial que busca alcanzar la sanción penal juvenil, a saber el educativo. Al respecto el Tribunal de Casación Penal de Goicoechea ha sostenido:  "...Una de las características del Derecho Penal Juvenil es la flexibilidad que existe en el sistema de sanciones, de modo que se abandonan los parámetros de mínimos y máximos establecidos en el Derecho Penal de adultos. Así solamente se establecen ciertos criterios con respecto a la sanción de internamiento, la que solamente es posible cuando el delito está sancionado en la legislación de adultos con pena privativa de libertad mayor de seis años. Sin embargo, ni siquiera en este supuesto es contemplada de manera obligatoria la imposición de la sanción de internamiento (Art. 131 de la Ley de Justicia Penal Juvenil). La Ley de Justicia Penal Juvenil contiene un catálogo de sanciones en el artículo 121, dividiéndose las mismas en sanciones a) socio-educativas, b) órdenes de orientación y supervisión y c) sanciones privativas de libertad. Dentro de las sanciones socio-educativas se encuentra la libertad asistida. Dicha sanción se caracteriza por la escueta regulación que encuentra en la Ley de Justicia Penal Juvenil. Así el artículo 125 de la misma indica: “Esta medida, cuya duración máxima será de dos años, consiste en otorgar la libertad al menor de edad, quien queda obligado a cumplir con programas educativos y recibir orientación y seguimiento del Juzgado, con la asistencia de especialistas del Programa de menores de edad de la Dirección General de Adaptación Social". A nivel jurisdiccional el principio de legalidad debe llevar a que cuando se imponga una sanción se determine claramente en qué consiste la misma, no pudiendo dejarse en definitiva la determinación del contenido de la sanción a los órganos administrativos, de modo que durante la ejecución pueda incluso modificarse la sanción, tal y como lo entendió el Tribunal de Casación Penal en el voto 379-2004 del 22 de abril de 2004..." (Voto 856-2005 de las 9:40 horas del 1 de setiembre del 2005. Jueces de Casación: Javier Llobet Rodríguez, Carlos Chinchilla Sandí y Jorge Alberto Chacón Laurito). El juez de ejecución penal juvenil, cuando se le presente una solicitud de cese de la sanción penal juvenil por doble condición, debe necesariamente resolver en apego a todos los criterios, principios, objetivos y finalidades anteriormente detallados, pero también de forma proporcional y razonable, es decir, buscando un armonioso y adecuado equilibrio entre una serie de aspectos a considerar, como son sin duda, la gravedad y magnitud del hecho delictivo por el cual fue sentenciado el joven, el tipo de sanción impuesta, su duración, el tiempo que ha descontado, el tiempo que le hace falta por descontar, la evolución del joven en relación al plan de ejecución, objetivos y fines de la sanción penal juvenil (analizar los informes evaluativos), la consecución o no de los principios, objetivos y fines de la sanción penal juvenil, con especial referencia y atención al hecho de si es posible o no, alcanzar esos principios, objetivos y fines de la sanción penal juvenil, cuando "a posteriori" el joven debe enfrentar una sanción impuesta en la justicia penal de adultos. Bajo ese mismo orden de ideas, el juez de ejecución penal juvenil, necesariamente debe también tomar en cuenta el monto de la pena de prisión impuesta en la justicia penal de adultos, si el joven sentenciado se encuentra actualmente recluido en un centro de atención institucional de adultos, valorando si ello constituye una dificultad o imposibilidad para alcanzar el fin educativo de la sanción penal juvenil y consecuentemente en caso de mantenerse el cumplimiento de la sanción penal juvenil - estando ya el joven ubicado en una cárcel de adultos - al final de cuentas lo único que implicaría es prolongar de forma desproporcional e irracional, la posibilidad de que logre su pronta reinserción en la familia y sociedad. Estos aspectos a valorar por parte del juez de ejecución penal juvenil, encuentra sustento legal en lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil que en lo que interesa indica: "Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la infracción o el delito cometido." También encuentra sustento en el artículo 29 inciso d) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que dispone: "Serán funciones del Juzgado Penal Juvenil las siguientes: ...d) Decidir, según el criterio de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad, la sanción por imponer." El artículo 122 inciso d) de la Ley de Justicia Penal Juvenil también señala: "...Para determinar la sanción aplicable se debe tener en cuenta: ...d) La capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de esta."  Pero es que también la propia Convención Sobre los Derechos del Niño en su artículo 40 punto 4 regula el principio de proporcionalidad de la sanción en relación con las circunstancias del joven, como con la infracción, así dice: "...Se dispondrá de diversas medidas tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción." Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, en su artículo 5.1, dispone: "El sistema de justicia de menores hará incapie en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito." Este mismo cuerpo normativo internacional, en su artículo 17.1, señala lo siguiente: "...La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad; b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible; c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada." La anterior normativa, delimita de forma expresa y conforme al principio de legalidad, la obligación de los jueces especializados en la justicia juvenil, el valorar que la sanción penal juvenil que se imponga y su duración, sea conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad en relación con el delito cometido. A criterio de este Tribunal dicho principio de proporcionalidad y razonabilidad en relación con el delito cometido (gravedad del delito y magnitud del daño causado), también debe cobijar e inspirar las decisiones que se tomen los jueces de ejecución de las sanciones penales juveniles. Pero desde luego que, ese análisis de proporcionalidad y razonabilidad en relación con el delito cometido, no puede ser valorado de forma aislada o sesgada, es decir, debe necesariamente ser concatenado con otra serie de normas que perfectamente facultan al juez de sentencia y por su puesto al juez de ejecución penal juvenil, aplicar el principio de variabilidad y flexibilidad en las sanciones penales juveniles. Entre esas normas podemos citar el artículo 26 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que en lo que interesa dispone: "No podrán imponerse, por ningún tipo de circunstancia, sanciones indeterminadas. Lo anterior no excluye la posibilidad de que el menor de edad sea puesto en libertad antes de tiempo."   El artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil señala: "...La aplicación de las sanciones podrá ordenarse ya sea en forma provisional o definitiva. Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas. El Juez podrá ordenar la aplicación de las sanciones previstas en esta ley en forma simultánea, sucesiva o alternativa." El artículo 131 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en lo que interesa indica: "...La medida de internamiento durará un período máximo de quince años para menores entre los quince y los dieciocho años, y de diez años para menores con edades entre los doce y los quince años. El juez debe considerar el sustituir esta sanción por una menos drástica cuando sea conveniente." El artículo 136 inciso e), f) y g) de la Ley de Justicia Penal Juvenil expresa: "...El Juez de ejecución de las sanciones tendrá las siguientes atribuciones: ...e) Revisar las sanciones por lo menos una vez cada seis meses, para modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas, cuando no cumplan con los objetivos para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de reinserción del menor de edad. f) Controlar el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las medidas impuestas en sentencia.  g) Decretar la cesación de la sanción. El inciso e) de este artículo es de gran relevancia, por cuanto viene a ratificar todo lo dicho hasta este momento, es decir, el juez de ejecución penal juvenil, a la hora de resolver sobre el cese o no de la sanción penal juvenil por doble condición, además de tomar en cuenta, la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta en relación con el delito cometido, también debe ponderar adecuadamente que, la circunstancia de que el joven deba posteriormente ir a descontar una pena de prisión impuesta en la justicia de adultos, al final de cuentas sea un verdadero obstáculo para que no se cumpla con los objetivos de la sanción penal juvenil, o que al mantener el cumplimiento de la sanción penal juvenil (teniendo pendiente la pena de prisión de adultos) se esté truncando gravemente, de forma desproporcional e irracional, la posibilidad de que el joven, logre a la mayor brevedad posible y de forma real su reinserción en la familia y en la sociedad (ser contraria al proceso de reinserción de la persona joven). También el artículo 16 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles señala que: "Además de las funciones establecidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil, el juez de ejecución de las sanciones penales juveniles tendrá las siguientes atribuciones: ...f) Llevar el cómputo de la sanción impuesta y modificar las condiciones de ejecución, cuando corresponda." Además de toda la anterior normativa, el juez de ejecución de las sanciones penales juveniles, también debe valorar y tomar muy en cuenta los principios rectores, objetivos y finalidades de la justicia penal juvenil. Así en la ley de Justicia Penal Juvenil tenemos el artículo 7 que dispone: "...Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad...." También el artículo 44 del mismo cuerpo normativo señala: "El proceso penal juvenil tendrá como objetivo establecer la existencia de un hecho delictivo, determinar quién es su autor o partícipe y ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, buscará la reinserción del menor de edad en su familia y en la sociedad, según los principios rectores establecidos en esta ley."El artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil expresa: "...Las sanciones señalas deberán tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen."  También el artículo 133 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en lo que interesa indica: "La ejecución de las sanciones deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades." También el artículo 8 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles sobre los  principios, objetivo y finalidad de la sanción penal juvenil nos señala: "Durante el cumplimiento de la sanción, deberán fijarse y fomentarse las acciones necesarias que le permitan, a la persona joven sometida a algún tipo de sanción, su desarrollo personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad. Deberán brindarse, además, los instrumentos necesarios para la convivencia social, de manera que la persona joven pueda llevar una vida futura exenta de conflictos de índole penal; para ello, cada institución del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, deberán garantizar los programas, proyectos y servicios destinados a la población sujeta a esta Ley." Toda esta normativa especializada nos permite concluir que en efecto las decisiones de los jueces de ejecución penal juvenil, necesariamente deben tomarse en estricto apego al principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta relacionado con el tipo de delito cometido (gravedad y magnitud de los hechos delictivos cometidos), pero también tomando en cuenta la flexibilización y diversidad de la justicia penal juvenil, así como los principios rectores especializados, objetivos y finalidades de la sanción penal juvenil. Sólo valorando todos esos aspectos, en conjunto, de forma armónica e integral, se podrá tomar una decisión debidamente motivada, ponderada y equilibrada, partiendo de que en efecto estamos ante una materia penal especializada, y por lo tanto también represiva, en donde el menor de edad o joven sentenciado, es perfectamente responsable por el delito cometido, y bajo ese sentido de responsabilidad (se trata de una persona con derechos pero también con obligaciones), debe asumir las consecuencias por los hechos delictivos cometidos (cumplir con la sanción impuesta), pero todo con el objetivo de que esta persona logre alcanzar su educación, formación integral, y a la vez obtenga a la mayor brevedad posible su reinserción en la familia y la sociedad. Sobre este tema la doctrina nacional ha dicho: "...Es importante anotar que, del carácter de sujeto de derecho del niño, se deduce no solamente que tiene derechos, sino también obligaciones, de donde surge su responsabilidad por los hechos delictivos que pudiera cometer. Ya antes se había hecho referencia a la definición del interés superior del niño en el Código de la Niñez y la Adolescencia, indicándose que debía tenerse en cuenta la asunción por el niño de su responsabilidad por el hecho de vivir en sociedad; que, por ello está obligado a respetar las normas sociales, no estando autorizado a perjudicar a los demás. Como bien lo indica Carlos Tiffer, en el nuevo modelo se parte de que la impunidad no es conveniente ni sana para la sociedad, como tampoco lo es para el adolescente o la adolescente..." "...El concepto de interés superior del niño es de muy difícil precisión, siendo de carácter difuso. Téngase en cuenta que decir que se actúa en defensa del interés del niño, no resuelve todavía cuál es ese interés. Ello ha llevado a establecer la relación entre los principios del interés superior del niño y de protección integral de este, contemplados en el art. 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil como principios de la justicia penal juvenil, los cuales son reiterados como principios del Derecho de la Infancia por el art. 7 del Código de la Niñez y la Adolescencia. De la relación entre ambos principios se ha llegado a decir que, con el interés superior del niño, se está haciendo mención a que debe tenerse en cuenta, en la justicia penal juvenil, lo que es más conveniente para la reinserción familiar y social del joven. Este concepto coincide, en general, con lo establecido por el art. 133 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que se refiere al objetivo de la ejecución; dicho artículo indica lo siguiente: "la ejecución de las sanciones deberá fijar y fomentar las acciones necesarias que permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades." Dicho concepto se relaciona claramente con el principio educativo, desarrollado por la doctrina alemana, que lleva a diferenciar el Derecho Penal Juvenil del Derecho de adultos. El principio educativo está reconocido de manera expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil; así el art. 123 dice que: "las sanciones señaladas deberán tener una finalidad primordialmente educativa(...)". Se ha discutido con respecto a cómo debe entenderse el principio educativo. Sobre ello debe partirse de que el Derecho Penal Juvenil está dirigido a sujetos responsables, y no a inimputables. La finalidad que debe perseguirse no debe estar dirigida a obtener un cambio interior en el joven, ya que implica una violación al principio de dignidad de la persona humana. Más bien, el principio educativo debe dirigirse a evitar la reincidencia, o sea, en el sentido de la prevención especial positiva. En efecto, la finalidad del Derecho Penal Juvenil no debe ser llenar un déficit educativo del joven, salvo que esté relacionado con el delito que se le atribuye. Ello es una consecuencia del principio de adecuación o idoneidad, consecuencia a su vez del de proporcionalidad, ya que la sanción debe estar relacionada, en su efecto educativo, con el hecho delictivo que se le atribuye al joven..."  "...Resulta claro que, en los supuestos de privación de libertad del joven, la ejecución de la sanción trasciende los aspectos relacionados con el evitar la reincidencia, puesto que debe cumplirse con los derechos educativos que tiene todo joven."  "...Aspecto fundamental en la doctrina de la protección integral, que debe operar para que el principio educativo no se convierta en un "caballo troyano en un Estado de Derecho", es que ni el principio del interés superior del niño ni el de la protección integral de este pueden servir para restringir las garantías del Derecho Penal y Procesal Penal del niño, más allá de las establecidas con respecto a los mayores, otorgándose, más bien, derechos adicionales con base en dichos principios. Así, en el Derecho Penal Juvenil, el principio del interés superior del niño no debe llevar a caer en la "trampa" a la que conduce la doctrina de la situación irregular, de modo que no debe funcionar para limitar las garantías penales y procesales del niño. Desde esta perspectiva, el principio educativo lleva a prever derechos adicionales a los que se garantizan en el Derecho de mayores." "...En definitiva, debe tenerse en cuenta que el Derecho Penal Juvenil no es Derecho Social como se estimaba por la doctrina de la situación irregular, ni Derecho de Familia como lo considera la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica al asignarle el conocimiento de asuntos a los tribunales de familia en contra del principio de especialización, sino que es Derecho Penal, eso sí con particularidades derivadas del interés superior del niño y de la protección integral de este, expresadas como principio educativo..."  (Derecho Penal Juvenil. Javier Llobet Rodríguez y Otros. Primera Edición. Editorial Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José S.A. San José, Costa Rica. 2002. Pag. 121-130). Ahora bien, para poder alcanzar esos objetivos o finalidades, es evidente que es necesario que en la realidad de las cosas se disponga y apliquen sanciones menos gravosas, y que en aquellos casos de delitos graves, en que no quedó otro remedio que acudir a imponer la sanción de internamiento en centro especializado, la misma sea también por el menor tiempo posible. Efectivamente está demostrado que las cárceles, a pesar de ser centros especializados, y que también buscan cumplir con el fin educativo y de reinserción en la familia y en la sociedad del joven sentenciado, en la realidad de las cosas no contribuyen mucho a lograr esa anhelada educación, formación integral de los jóvenes y su reinserción en la familia y en la sociedad (todo con el objetivo de que en el futuro no vuelvan a delinquir), convirtiéndose más bien en un "verdadero foco criminógeno", por lo cual, es imprescindible que el juez de ejecución penal juvenil, valore y pondere adecuadamente conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad, la posibilidad de disponer de la libertad de la persona sentenciada, ya sea variando la sanción por otra menos grave o incluso hasta ordenando el cese de la misma, cuando sea evidente que ya no se puede alcanzar el objetivo o finalidad primordialmente educativo, o cuando sea contraria a la posibilidad de que el joven sentenciado logre su verdadera y pronta reinserción en la familia y sociedad.  Al respecto la doctrina nacional ha dicho: "...La razón que lleva a tratar de evitar la imposición de una sanción privativa de libertad, es no sólo la magnitud de la injerencia en los derechos del joven, sino también el carácter criminógeno que dicha privación en el Derecho Penal Juvenil comparte con la pena privativa de libertad del Derecho Penal de mayores, a pesar de los mayores esfuerzos que se hacen en el primero para contrarrestar los efectos negativos del encarcelamiento y compensar carencias que tenía el joven antes de éste y que puedan haber influido en la comisión del hecho delictivo..." (Derecho Penal Juvenil. Javier Llobet Rodríguez y Otros. Primera Edición. Editorial Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José S.A. San José, Costa Rica. 2002. Pag. 415).  Por otra parte es importante mencionar que conforme a toda la normativa antes señalada, tanto de la la Ley de Justicia Penal Juvenil, como de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, es claro que el legislador costarricense, en la justicia penal juvenil se inclinó por establecer un fin a la sanción penal juvenil de prevención especial positiva. Al respecto la doctrina nacional ha dicho: "...La prevención del delito se manifiesta a través de los fines de las penas. La prevención debe considerarse desde sus dos vertientes fundamentales a saber: la prevención general y la prevención especial. La prevención general y la prevención especial son desde el punto de vista de sus planteamientos teóricos irreconciliables pues presentan posiciones antagónicas. Este tema está relacionado al dilema y jerarquía del conflicto individuo y sociedad. La prevención general se dirige a la generalidad de los sujetos, es decir, su pretensión es surtir determinados efectos en el grueso de la comunidad. Por medio de ella se intenta impedir que surjan delincuentes en la sociedad. El fin de la prevención general es el prevalecimiento del orden jurídico y la intimidación social. La prevención general se subdivide en dos vertientes, prevención general positiva: la cual se dirige a la comunidad y refuerza la confianza en el orden jurídico., al respecto la prevención general hay que entenderla como prevención integradora positiva. Esto significa que la sanción no debe retraer a través de su dureza a los autores potenciales de la perpetración de delitos, debe restaurar la paz jurídica en cuanto da al pueblo confianza, que su seguridad está salvaguardada y que las reglas reconocidas de la convivencia humana pueden reafirmarse en contra de perturbaciones graves. La prevención general negativa, es aquella que se realiza por la vía de la intimidación a través de la amenaza legal para inhibir a los posibles delincuentes. Es reconocido por la mayoría de la doctrina que la aplicación práctica de la prevención general, como es el aumento y dureza de las penas con el fin de obtener la intimidación y persuasión es ineficaz. Se parte de que al seguirse criterios de prevención general en la fijación de las penas, sin tener en cuenta los límites impuestos por los principios de proporcionalidad y culpabilidad, se está convirtiendo al delincuente en un objeto, por cuanto sería solamente un instrumento para la intimidación de otros. La prevención especial tiene como fin dirigir sus efectos al sujeto considerado individualmente, o mejor dicho se dirige al transgresor. Busca incidir sobre quien ha delinquido, con el fin de que ya no vuelva a hacerlo. Procura concretizar los efectos de la pena en un cambio de actitud del infractor por medio de la enseñanza, programas de aprendizaje, tratamientos psicoterapéuticos, ayuda familiar y comunal, etc. Estos fines de la prevención deben ser aceptados por el autor, es necesario su consentimiento para evitar un tratamiento coactivo lesionante de la dignidad humana. Prevención especial puede significar también una atenuación o excusa de pena. En términos generales el fin de la prevención especial es la resocialización y la neutralización del individuo. La prevención especial también se subdivide en dos vertientes, prevención especial positiva, la cual trata de incidir en el delincuente para resocializarlo e integrarlo a la comunidad y la prevención especial negativa que busca incidir en el delincuente para inocuizarlo o sanearlo apartándolo de la sociedad mediante el internamiento asegurativo tendiente a su neutralización. Sin duda los fines de la prevención especial tienen un mayor aceptación en la doctrina moderna, sin embargo ya sea que se trate de prevención general o prevención especial e un Estado Democrático de Derecho, la primacía de la libertad ciudadana debe estar sobre cualquier fin penal. El principio de culpabilidad constituye un límite absoluto de todos los objetivos preventivos generales y especiales."  "...Demostrada la culpabilidad del autor, solo justifica un castigo en cuanto sea preventivamente necesario." "...Ubicándonos en la L.J.P.J. para establecer que fines el legislador ha establecido con la entrada en vigencia de esta ley y con la eventualidad en la posición de una sanción encontramos al menos varios artículos que claramente establecen que nuestra ley se orienta por los fines de la prevención especial. El artículo 7 establece los principios rectores en la materia penal juvenil tales como la protección integral del menor, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad. Se trata de principios de integración, es decir, de principios que abarque todos los ámbitos del desarrollo de los jóvenes, sean estos en el ámbito social, familiar, psicológico, etc. Estos principios deben prevalecer y ser la orientación para que los operadores jurídicos consideren a la hora de aplicar la ley. Importante es que no solo el Estado o los entes públicos deben participar en estos fines de prevención especial sino que también las organizaciones no gubernamentales y las comunidades..."  "...El artículo 44 de la LJPJ establece como objetivo del proceso no solo la determinación del hecho delictivo y la aplicación de la sanción correspondiente, por el contrario se establece como una finalidad del proceso la reincorporación del joven en su familia y en general en la sociedad. De ahí que la ley no posee únicamente un carácter represivo, ya que la justificación de la aplicación de una sanción debe ser el bienestar del joven, es decir, la intervención legal busca por medio de la reinserción social que el joven se aleje del delito. El artículo 123 de la LJPJ, establece una norma fundamental para la definición de la política criminal del Estado costarricense. Habíamos mencionado que uno de los criterios más importantes para la clarificación de la política criminal del Estado es la sanción penal y los fines que se le han encomendado a esta sanción. Por esto resulta muy esclarecedor el artículo 123 que establece que cualquier sanción fijada en la ley, debe tener como finalidad primordialmente el carácter educativo. Es decir, la sanción sólo se justifica si tiene fines educativos. Aún más, esta sanción debe de aplicarse con intervención, apoyo y participación de la familia. Por último, para reafirmar el carácter de prevención especial que tiene la LJPJ basta con mencionar los objetivos establecidos para la ejecución de las sanciones en el artículo 133. El cumplimiento de la sanción debe realizarse para fomentar actitudes sociales en los jóvenes que les permita el desarrollo personal y su reinserción familiar y social, es decir, la sanción debe cumplirse con la finalidad de desarrollar las capacidades de los jóvenes." (Derecho Penal Juvenil. Carlos Tiffer Sotomayor y Otros. Primera Edición. Editorial Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José S.A. San José, Costa Rica. 2002. Pag. 310-316). El establecer que la sanción penal juvenil tiene un fin de prevención especial positiva es de gran relevancia, por cuanto en efecto esto delimita claramente la finalidad de la sanción, en el sentido de que lo realmente se busca es, educar al joven, lograr su formación integral, desarrollar sus capacidades personales y de responsabilidad, para que con todo ello logre lo más expedito posible su reinserción en la familia y la sociedad, alejándose del delito, es decir, que no vuelva a delinquir. Como dice el Dr. Llobet Rodríguez, la finalidad que debe perseguirse no debe estar dirigida a obtener un cambio interior en el joven, ya que implica una violación al principio de dignidad de la persona humana. Más bien, el principio educativo debe dirigirse a evitar la reincidencia, o sea, en el sentido de la prevención especial positiva. En efecto, la finalidad del Derecho Penal Juvenil no debe ser llenar un déficit educativo del joven, salvo que esté relacionado con el delito que se le atribuye. Ello es una consecuencia del principio de adecuación o idoneidad, consecuencia a su vez del de proporcionalidad, ya que la sanción debe estar relacionada, en su efecto educativo, con el hecho delictivo que se le atribuyó al joven. Como también lo indica el Dr. Tiffer Sotomayor, la prevención especial tiene como fin dirigir sus efectos al sujeto considerado individualmente, o mejor dicho se dirige al transgresor, buscando incidir sobre quien ha delinquido, con el fin de que ya no vuelva a hacerlo. Procura también concretizar los efectos de la pena en un cambio de actitud del infractor por medio de la enseñanza, programas de aprendizaje, tratamientos psicoterapéuticos, ayuda familiar y comunal, etc. Estos fines de la prevención deben ser aceptados por el autor, es necesario su consentimiento para evitar un tratamiento coactivo lesionante de la dignidad humana. En conclusión, la prevención especial positiva, lo que trata es de incidir en el delincuente para resocializarlo e integrarlo a la comunidad. A criterio de este Tribunal efectivamente la la finalidad educativa de la sanción penal juvenil, debe ir orientada a lograr la educación y formación integral del joven sentenciado guardando estrecha relación con el tipo de delito cometido, y sobre todo en aras de prevenir que en el futuro vuelva a delinquir, es decir, lograr que se aleje del delito, tomando muy en cuenta en esa educación y formación integral, aquellos aspectos o circunstancias que pudieron haber influido en la comisión del delito por el cual fue condenado. Como indican los autores antes citados, no debe confundirse esa finalidad educativo de la sanción penal juvenil, con un afán de la sociedad o del sistema penal, en llenar todos aquellos vacíos o déficit educativo que pueda presentar el joven sentenciado, ya que ello rebasa o sobrepasa por completo el verdadero fin educativo de la sanción penal juvenil, lo cual incluso puede rozar con el principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción penal juvenil en relación con el delito cometido, y sobre todo con el principio de respeto a la dignidad humana, donde no es posible la búsqueda de "cambio interior en el joven". Lo más que se puede buscar o pretender alcanzar, por medio del fin educativo de la sanción penal juvenil, es que el joven sentenciado, reciba la adecuada educación, formación y orientación, en relación con el tipo de delito cometido, para que se aleje del delito, es decir, para que en el futuro - una vez integrado a su familia y sociedad - no vuelva a delinquir (prevención especial positiva). Todo lo dicho en los puntos primero y segundo de este considerando es lo que sin duda alguna, debe de tomar en cuenta el juez de ejecución penal juvenil a la hora de resolver de forma motivada sobre una gestión de cese de la sanción penal juvenil por doble condición. Ello es así ya que el artículo 6 párrafo tercero de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, no puede ser analizada o interpretada de forma aislada, sino más bien por imperativo legal, debe ser interpretada a la luz de los principios, objetivos y finalidades de la sanción penal juvenil, consagrados en la propia Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, así como en la Ley de Justicia Penal Juvenil, y en los Instrumentos Internacionales. Al respecto de forma expresa el artículo 7 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles indica: "Esta Ley deberá interpretarse e integrarse con los principios y derechos contenidos en la Constitución Política, la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código de la NIñez y la Adolescencia, la Ley de la Persona Joven, la Ley de Igualdad de Oportunidades, el Código Penal, el Código Procesal Penal, las disposiciones legales sobre la ejecución y el cumplimiento de las sanciones fijadas para los adultos, así como en la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales referentes a la justicia juvenil aprobados por Costa Rica. Subsidiariamente, se utilizarán la costumbre y los principios generales del Derecho." Partiendo de todo ello, en el siguiente punto, lo que resta por determinar es si la resolución impugnada carece de una adecuada motivación, y si como lo alega la defensa en su impugnación, irrespeta todo lo dicho líneas atrás.

III- ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL CASO EN PARTICULAR.  “(…) Sobre los razonamientos de fondo, para rechazar la solicitud de la defensa en el sentido de ordenar el cese de la sanción penal juvenil por doble condición, la jueza de ejecución penal juvenil en resumen indicó lo siguiente: 1)- Se trata de una posibilidad, pero no es una obligación su concesión, ya que se debe tener cuidado de no generar impunidad, ya que se debe velar por que cumplan los objetivos de las penas impuestas. Debe tenerse como parámetro permanente, durante la ejecución penal juvenil, el principio educativo y la reinserción familiar y social. En la medida en que las sanciones estén cumpliendo con esos fines se justifica su cumplimiento. 2)- En este caso en particular, la única pena que se impuso al entonces menor de edad fue la de internamiento en centro especializado y para ello el juzgador consideró que esa pena era racional y proporcional a la infracción cometida, de acuerdo a la fundamentación dada en la resolución 89-09 (folio 591). Lo que pretende la defensa al solicitar el cese de esa pena es que el joven inicie con el descuento de su pena de adulto y se le cese la que está descontando como menor por considerar que ya no se cumple con el fin de la misma. El juez consideró que la sanción de internamiento impuesta era la merecida y como en todo internamiento de le brindará lo establecido en el plan de ejecución respectivo. Se trata de una sanción proporcional al delito cometido y en resguardo el bien jurídico tutelado, que es la vida humana ya que se le sentenció por tentativa de homicidio calificado en concurso ideal con robo agravado. No puede considerarse que esa pena sea desproporcional ni se caiga en un exceso por el simple hecho de que tenga otra que descontar como adulto, siendo que si tiene otra como adulto es porque su conducta no se ha adecuado a la normativa vigente, no siendo por esa doble condición obviar la falta cometida ni pretender decir que la prisión no sea idónea y menos aún cesar su pena. 3)- No procede el cese ya que si se le cesa la pena como menor, que es de internamiento, entraría a descontar otra de internamiento (pero como adulto), que al fin y al cabo son lo mismo, estaría privado de libertad. El fin en ambos casos es de reinserción, educación y resocialización, entre otros. 4)- La sanción penal juvenil no es exclusivamente educativa, sino que "primordialmente educativa" y tiene como objetivo el fijar y fomentar acciones que le permitan al joven su desarrollo personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad. 5)- El hecho de que el joven se encuentre actualmente en un centro de adultos no es un argumento válido para decir que la sanción impuesta ya no sea idónea ya que allí también se le brinda la atención que requiere para que pueda reinsertarse a la sociedad, educación y atención en distintas áreas. Además, la Ley de Ejecución de las sanciones Penales Juveniles, en su artículo 6, párrafo segundo, prevee esa posibilidad y el mismo joven lo solicitó así (folio 653 bis). En cuanto a todos estos argumentos, hay que indicar que, si bien es cierto el cese de la sanción penal juvenil por doble condición, es una posibilidad y no una concesión obligatoria o "automática", también es cierto que conforme fue ampliamente explicado en los puntos primero y segundo de este considerando, la resolución que apruebe o rechace el cese de la sanción penal juvenil por doble condición, debe necesariamente estar debidamente motivada, siendo obligación del juez de ejecución penal juvenil, valorar adecuadamente las probanzas, para así poder determinar si en el caso concreto procede o no la solicitud de la defensa. Si bien es cierto los postulados teóricos y análisis sobre principios, objetivos y finalidades de la sanción penal juvenil son esenciales para resolver adecuadamente la gestión de la defensa, de igual forma también es trascendental que los mismos sean analizados de forma concreta y específica en el caso particular, lo cual sólo se puede llevar a cabo analizando precisamente los elementos probatorios que obran en autos. Es precisamente esa falta de valoración y análisis de los elementos de prueba que constan en el expediente, lo que en este caso en particular, genera el que la resolución impugnada deba ser declarada ineficaz por falta de fundamentación. No basta con indicar de forma abstracta que la solicitud de la defensa es improcedente, por cuanto de acogerse la misma se estaría produciendo impunidad y no se estarían cumpliendo con los objetivos y fines de la sanción penal juvenil, así como indicar de forma abstracta que de acogerse el cese de la sanción penal juvenil se estaría actuando en contra del principio educativo, en contra de la reinserción familiar y en la sociedad del joven sentenciado; el juez debe en su resolución fundamentar con las pruebas que constan en el expediente esas aseveraciones abstractas de principios, objetivos y fines, como por ejemplo, analizando la duración de la sanción de internamiento en centro especializado, cuánto tiempo ha descontado el joven, cuánto tiempo le hace falta por descontar, analizar los informes evaluativos o de seguimiento del plan individual de ejecución de la sanción de internamiento, los aspectos personales y familiares del joven sentenciado, etc.; es mediante la valoración concreta y adecuada de todos esos aspectos, circunstancias y pruebas específicas, que se podrá fundamentar adecuadamente una resolución, y sobre todo, sólo así se podrá determinar si la aseveración de la juzgadora es o no derivable con razón suficiente de las pruebas, como por ejemplo cuando indica que se podría estar generando impunidad y contraviniendo los principios, objetivos y finalidades de la sanción penal juvenil, así como el fin de lograr la reinserción del joven sentenciado en su familia y sociedad. La jueza de ejecución penal juvenil no señala en su resolución cuáles son esas pruebas y cuál es su contendido, que permitan concluir que de acogerse la petición de la defensa se estaría generando impunidad o actuando en contra de los principios, objetivos y fines de la sanción penal juvenil. Con lo anterior no se está indicando en forma alguna, que sea incorrecto el mencionar en la resolución, los principios rectores, objetivos y fines de la sanción penal juvenil, sino que además de hacer mención a ellos, es obligación del juez analizar adecuadamente las pruebas, para así determinar si de las mismas se logra extraer o derivar con razón suficiente, que en caso de acceder a dicha petición, se estaría actuando en contra de dichos postulados esenciales y especializados. Por otra parte hay que señalar que si bien es cierto la sanción de internamiento en centro especializado por un plazo de cinco años fue la que en su momento se consideró como proporcional y razonable por el delito cometido y evidentemente por la afectación de bienes jurídicos valiosos, también en los puntos anteriores de este considerando, se hizo ver que la etapa de ejecución penal juvenil también goza de la misma flexibilidad y variabilidad que tiene la tramitación del proceso juvenil, por lo cual, el análisis de proporcionalidad y razonabilidad que al respecto se haga, no debe encasillarse sólo en la gravedad y magnitud del hecho delictivo cometido, sino que también debe tomar en cuenta en conjunto y de forma armónica el principio de responsabilidad del joven sentenciado, el tiempo de duración de dicha sanción juvenil, el tiempo que ya ha descontado y que le falta por descontar, así como la evolución del joven al plan de ejecución de la sanción penal juvenil, en procura de alcanzar los objetivos y finalidades de la sanción juvenil. El analizar la proporcionalidad y razonabilidad quedándose sólo en la gravedad y magnitud del hecho delictivo cometido por el joven, es desnaturalizar los fines de la sanción penal juvenil, por cuanto se estaría invirtiendo lo estipulado en la propia ley, es decir, dando preponderancia a un fin retributivo o de prevención general, sobre lo que expresamente ya estableció el legislador de forma clara y contundente, a saber, dar prioridad al fin educativo y por lo tanto de prevención especial positiva. Dicho en otras palabras, desde luego que la gravedad y magnitud del delito cometido es de gran importancia a la hora de resolver sobre el cese de la sanción penal juvenil por doble condición, pero el juez no puede invertir las prioridades de análisis, que el propio legislador fijó expresamente en la ley. En ese orden de ideas, debe privilegiar el fin educativo sobre el fin retributivo, desde luego en el marco del respeto de la proporcionalidad y razonabilidad, lo cual implica el que se tomen en cuenta en dicho principio, todos los otros aspectos y circunstancias ya citadas. Y es que ello, debe necesariamente relacionarse con el hecho de que si bien es cierto el tipo de sanción y duración, fijada en sentencia, es la que se consideró proporcional y razonable en relación con el delito cometido, no puede obviarse que la justicia penal juvenil no es pétrea o estática, sino todo lo contrario, es totalmente dinámica, flexible, y variable, tanto en la tramitación del proceso como en la etapa de ejecución, donde incluso existe hasta cosa juzgada material. Y ello es así por cuanto en la justicia penal juvenil, a diferencia de la de adultos, sí se debe respetar de forma estricta el principio de permanencia de la persona joven por el menor tiempo posible en prisión, ya que se conocen, los efectos criminógenos de las cárceles - aunque se trate de cárceles especializadas - siendo por lo tanto evidente que, el fin educativo será mucho más difícil de alcanzar estando el joven inmerso en dicho medio criminógeno, que estando en el seno de se familia y de la sociedad. No en vano las  Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, en su artículo 3 textualmente indica: "El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad." Por esa flexibilidad y variabilidad de la justicia juvenil, amparada a dichos principios, objetivos y fines, es que precisamente existe en la Ley de Justicia Penal Juvenil, la posibilidad legal del juez de ejecución penal juvenil, de variar, modificar y sustituir por sanciones menos gravosas, la sanción que en su momento el juez de sentencia consideró como proporcional y razonable al delito cometido. Incluso como sucede en la figura aquí analizada, hasta se le da la potestad al juez de ejecución penal juvenil de hacer cesar antes de tiempo, la sanción penal juvenil. Es cierto que la sanción de internamiento también procura la finalidad común a todas las sanciones juveniles, a saber la educación del joven, pero ello no puede ser analizado de forma sesgada o aislada, es decir, dejando de lado que la misma ley e instrumentos internacionales exigen al juez que la mima sea por el menor tiempo posible, para así lograr que el joven se integre de nuevo a su familia y a la sociedad. El indicar que el juez de ejecución penal juvenil no puede modificar la sanción de internamiento por otras menos graves o hacerla cesar antes de tiempo, porque con ello se va en contra de la proporcionalidad, razonabilidad y se está generando impunidad, es más bien ir en contra de la misma finalidad de la sanción, explícita en la ley, de que el joven sentenciado se logre reintegrar a su familia y sociedad a la mayor brevedad posible. En otro orden de ideas, hay que indicar que no es de recibo el argumento de la jueza de ejecución penal juvenil, cuando indica que no procede cesar la sanción penal juvenil de internamiento en centro especializado, por cuanto el joven al final de cuentas seguirá recluido en una cárcel de adultos, por la sentencia impuesta en la justicia de mayores, siendo que los fines son los mismos, es decir, de reinserción, educación y resocialización, entre otros. Al respecto es menester indicar que si bien es cierto en el artículo 51 del Código Penal se indica expresamente que el fin de la sanción de prisión (impuesta en la justicia de adultos) es un fin "rehabilitador", ello no pasa de ser una falacia normativa, por cuanto si se observan los montos de las sanciones de prisión para los delitos en la justicia de adultos, además de tomar en cuenta que la política criminal del legislador en los últimos años ha sido y es el elevar y endurecer las penas de prisión, ello no es otra cosa más que brindar una finalidad de mera prevención general a la sanción de prisión en adultos (prácticamente exclusiva). En cambio en la justicia penal juvenil, por su flexibilidad, variabilidad, desjudicialización, despenalización e intervención mínima, es claro que el fin de las sanciones privativas de libertad va más allá, es decir, busca realmente alcanzar un fin de prevención especial positiva, es decir de educar al joven en relación al delito cometido, y por el menor tiempo posible, para que así una vez que se reintegre a su familia y a la sociedad, no vuelva a delinquir. Es aquí donde entonces el juez de ejecución penal juvenil debe entrar a ponderar y equilibrar (principio de proporcionalidad y razonabilidad) si por el hecho de que este joven tenga a futuro que descontar una sanción de prisión como adulto, lo más conveniente es ordenar de inmediato el cese de la sanción penal juvenil. Sobre este punto es válido reiterar lo dicho anteriormente en el sentido de que, el juez de ejecución penal juvenil, a la hora de resolver sobre el cese o no de la sanción penal juvenil por doble condición, además de tomar en cuenta, la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta en relación con el delito cometido, también debe ponderar adecuadamente que, la circunstancia de que el joven deba posteriormente ir a descontar una pena de prisión impuesta en la justicia de adultos, al final de cuentas sea un verdadero obstáculo para que no se cumpla con los objetivos de la sanción penal juvenil, o que al mantener el cumplimiento de la sanción penal juvenil (teniendo pendiente la pena de prisión de adultos) se esté truncando gravemente, de forma desproporcional e irracional, la posibilidad de que el joven, logre a la mayor brevedad posible y de forma real su reinserción en la familia y en la sociedad (ser contraria al proceso de reinserción de la persona joven). También se indicó que, el juez de ejecución penal juvenil, cuando se le presente una solicitud de cese de la sanción penal juvenil por doble condición, debe necesariamente resolver en apego a todos los criterios, principios, objetivos y finalidades anteriormente detallados, pero también de forma proporcional y razonable, es decir, buscando un armonioso y adecuado equilibrio entre una serie de aspectos a considerar, como son sin duda, la gravedad y magnitud del hecho delictivo por el cual fue sentenciado el joven, el tipo de sanción impuesta, su duración, el tiempo que ha descontado, el tiempo que le hace falta por descontar, la evolución del joven en relación al plan de ejecución, objetivos y fines de la sanción penal juvenil (analizar los informes evaluativos), la consecución o no de los principios, objetivos y fines de la sanción penal juvenil, con especial referencia y atención al hecho de si es posible o no, alcanzar esos principios, objetivos y fines de la sanción penal juvenil, cuando "a posteriori" el joven debe enfrentar una sanción impuesta en la justicia penal de adultos. Bajo ese mismo orden de ideas, el juez de ejecución penal juvenil, necesariamente debe también tomar en cuenta el monto de la pena de prisión impuesta en la justicia penal de adultos, si el joven sentenciado se encuentra actualmente recluido en un centro de atención institucional de adultos, valorando si ello constituye una dificultad o imposibilidad para alcanzar el fin educativo de la sanción penal juvenil y consecuentemente en caso de mantenerse el cumplimiento de la sanción penal juvenil - estando ya el joven ubicado en una cárcel de adultos - al final de cuentas lo único que implicaría es prolongar de forma desproporcionada e irracional, la posibilidad de que logre su pronta reinserción en la familia y sociedad. Para finalizar se debe señalar que la jueza nuevamente vuelve a incurrir en falta de fundamentación en sus argumentos, cuando señala que fue el propio joven xxx quien solicitó ser trasladado al Centro de Atención Institucional de Adultos, y que en dicho centro se le brindará la misma atención que requiera y conforme al plan de ejecución, es decir, recibir educación y atención para que pueda reinsertarse a su familia y sociedad. Al respecto la jueza de ejecución penal juvenil no señala cuáles son las pruebas que le permiten hacer semejante aseveración, es decir, que estando el joven sentenciado ya ubicado en un Centro Institucional de Adultos, va a seguir recibiendo la misma atención especializada que estaba recibiendo en el centro especializada para adultos jóvenes. Ahora bien, por el hecho de que haya sido el propio joven quien solicitara el traslado del Centro Especializado de Adulto-Joven a un Centro Institucional de Adultos, ello en nada impide el que se pueda conceder el cese de la sanción penal juvenil, y mucho menos ello puede ser un aspecto utilizado en contra de la posibilidad de que el joven sentenciado se vea beneficiado del cese de la sanción penal juvenil. Debe recordarse que la ubicación de este joven en un Centro Institucional de Adultos, fue autorizado por el propio juez de ejecución penal juvenil, ya que de lo contrario no se hubiere podido materializar, lo cual se hizo con sustento e el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, por lo cual es totalmente impropio, ahora tratar de utilizar esa solicitud expresa del joven Orozco Camacho y autorizada por el Juez de Ejecución Penal Juvenil en su perjuicio, es decir, como un argumento para denegar el cese de la sanción penal juvenil. Si el joven por autorización del propio juez de ejecución penal juvenil, ahora se encuentra ubicado en un Centro Institucional de Adultos, cumpliendo allí la sanción penal juvenil, es un aspecto más que el juez deberá ponderar, para determinar si es factible el cese de la sanción penal juvenil, pero nunca utilizar ese aspecto en su contra, es decir, para denegar el cese de la sanción juvenil, argumentando que fue el joven quien se puso en ese estado o condición. Si el argumento de la jueza de ejecución es que estando en dicho Centro Institucional de Adultos (lo cual fue autorizado y avalado por el propio juzgado de ejecución), el joven recibirá idéntica atención especializada, educación y formación, que cuando estaba ubicado en el Centro Especializado Adulto-Joven, es algo que debe el juez de ejecución sustentar en pruebas, más que en frases rutinarias y abstractas. Por todo lo expuesto, se debe dar la razón a la defensa en su recurso de apelación, al constatarse que la resolución impugnada incurre en el vicio de falta de fundamentación….” 
Voto 235-2010 de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día tres de noviembre del año dos mil diez del Tribunal Superior Penal Juvenil