FIJACIÓN DE LOS PLAZOS PARA LAS SANCIONES

Reglas de penalización del concurso material previstas en el Código Penal, no pueden implicar que se sobrepase los plazos que rigen para cada una de las sanciones que regula el proceso penal juvenil. (Cambio de criterio)

“…No desconoce esta Cámara de Casación que, en oportunidades anteriores, hubo pronunciamientos de este mismo Tribunal, con una integración parcialmente diferente a la actual, en que se consideró que sí era posible sobrepasar el plazo de los dos años, para el cumplimiento de las órdenes de orientación y supervisión, así como los cinco años para la libertad asistida en los casos en que se trataba de un concurso material. En ese sentido se pueden consultar los votos Nº 2009-0977 de las 10:50 horas del 4 de setiembre de 2009 y 2009-1102 de las 11:25 horas del 2 de octubre de 2009. En el primero de estos fallos lo que se dijo, en particular, fue: "Posteriormente, mediante la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, se modificó el artículo 125 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, estableciendo la duración máxima de la Libertad asistida en cinco años, reforma que entró en vigencia a partir del 28 de noviembre de 2005, por lo que, como tal, no resulta aplicable en la especie.  Sin embargo, lo cierto es que hay un elemento que la defensa no tomó en cuenta al interponer su solicitud y consiste en que, en la presente causa, los montos correspondientes a las sanciones alternativas fueron establecidos aplicando las reglas del concurso material ...lo importante es que la duración de las sanciones alternativas se fijó en concreto para cada delito, de manera que, al examinar separadamente cada hecho ilícito (de acuerdo con la transcripción que se acaba de realizar), se comprueba que ninguno de éstos fue sancionado con plazos que excedan los dos años de Libertad asistida o de Órdenes de orientación y supervisión (en efecto, el plazo mayor de la primera es de un año y tres meses, por el delito de Violación; mientras que, en cuanto a las segundas, su duración es de un año por cada delito).  Se observa, además, que al aplicar las reglas del concurso material, la Jueza tuvo cuidado de que la suma de las sanciones alternativas no excediera del triple de la mayor, según lo dispuesto por los artículos 22 y 76 del Código Penal.  Valga aclarar, a mayor abundamiento, que en la Ley de Justicia Penal Juvenil no hay disposiciones similares al artículo 51 del Código Penal, que establezcan el monto máximo de cada sanción en caso de concursos. Sin embargo, de un nuevo estudio sobre el tema, este Tribunal procede a rectificar lo resuelto para considerar que, aun tratándose de hechos que se hayan cometido en concurso material, deben imperar los límites que fija la Ley de Justicia Penal Juvenil (artículo 128) y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (artículo 111) que modificó no sólo el plazo de la sanción de libertad asistida para elevarlo a  cinco años, sino también, la sanción de internamiento domiciliario del artículo 129, que pasó a ser de tres años y el internamiento en tiempo libre del artículo 130 que igualmente se elevó a tres años.  Las razones para este cambio de criterio, que expresamente se consigna como tal, derivan de la aplicación del principio de especialidad que rige el proceso penal juvenil, en el sentido de que si existen reglas sobre algún aspecto, no procede acudir a la normativa que regula el proceso para adultos. Desde esa óptica, resulta que la disposición del Código Penal para fijar la pena correspondiente a un concurso material (artículo 76), obedece a criterios que no son propios ni aplicables en materia penal juvenil. Esto por varias razones, en primer lugar, las reglas para fijar la pena en un concurso material tienen, en adultos, sentido porque permiten reducir el poder punitivo estatal al no poder sobrepasar el triple de la pena mayor impuesta. Esto no implica que en penal juvenil se desconozca la aplicación de dicha regla sino, que en esta materia, existen otros criterios que prevalecen sobre ella. Ese límite, en adultos, permite atenuar las consecuencias que podrían generarse si a un sujeto se le juzga por varios hechos en concurso material que, sumando las penas, se podría llegar fácilmente a muchos años de prisión. En segundo lugar, el artículo 51 del mismo Código, tiene previsto un tope de cincuenta años de prisión, que ciertamente no existe como previsión general en materia penal juvenil, precisamente por esto es que se trata de una regulación especial que debe regirse por los límites que el legislador decidió para este tipo de procesos. En ese sentido, lo que este Tribunal ahora reformula es que, si bien, el juzgador debe considerar, desde la perspectiva jurídica, que se trata de hechos cometidos en concurso material, para definir el tipo de sanción que debe imponer a un menor infractor e, incluso, de acuerdo con ese parámetro, luego deberá readecuar los plazos de las sanciones según corresponda en aplicación de las normas de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de las reformas que efectuó la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. En otras palabras, si corresponde imponer una sanción de orientación y supervisión por varios delitos en concurso material, deberá considerar que el monto máximo del plazo de esa sanción no puede sobrepasar los dos años. Asimismo, si se trata de varios hechos graves que permiten imponer una sanción de internamiento, aun cuando las reglas del concurso material permitirían sobrepasar los quince años de internamiento, por especialidad, deberá fijarse este plazo como máximo. De lo contrario, se excedería de manera ilegal los límites que el legislador previó para este tipo de procesos en que figura un menor infractor. La especialidad también se ve reforzada con el principio educativo que informa estos procesos, en el sentido de que no tiene sentido mantener a un menor de edad sometido a sanciones que ya no puedan surtir el efecto de reincorporarlo a la sociedad permitiendo que supere el episodio delincuencial en que se haya visto inmerso. Se pretende que la propia sanción sirva para que el menor de edad infractor reflexione y cuente con opciones para convertirse en un adulto que se desarrolle sin problemas con la sociedad. De otra forma no puede entenderse que se haya dispuesto legalmente un monto máximo de quince años de internamiento en Centro Especializado, aun cuando pueda tratarse de hechos graves. Esto se comprende mejor si se toma en cuenta que en el proceso penal juvenil existen también diferencias etarias, que en el caso de la sanción de internamiento, separa entre menores de quince años a dieciocho años de edad con menores entre los doce y quince años de edad. Si se aplicaran únicamente las reglas del concurso material, estas separaciones se borrarían. Por otra parte, se puede decir que nada hace más especial el proceso penal juvenil, que lo relativo a la fijación de las sanciones, tanto es así que no existen los límites mínimos y máximos que cada tipo penal prevé para los adultos, permitiéndose -por otra parte- la posibilidad de combinar diferentes tipos de sanciones para un mismo hecho delictivo, según convenga a las condiciones personales del menor de edad. Esta amplitud también hace incompatible que se pueda acudir, exclusivamente, a las reglas del concurso material y desatender las disposiciones propias que define la Ley de Justicia Penal Juvenil. Tampoco ignora este Tribunal que la Sala Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse, en relación con este tema, en la acción de inconstitucionalidad que se había interpuesto en contra de la jurisprudencia de esta Cámara de Casación, no sólo en contra de las que se han indicado en este considerando, sino también en contra de los votos número: 2009-0906 de las 8:40 horas del 20 de agosto del 2009 y 2009-1227 de las 9:25 horas del 9 de noviembre del 2009.  Aunque la Sala, mediante el voto 2894-2010 rechazó por el fondo esa acción, esta decisión no impide que ahora, con un mayor estudio del asunto se haya decidido en la forma que se resuelve en este caso pues el citado voto se pronuncia sobre la constitucionalidad de esa jurisprudencia pero, aquí, se hace un análisis sobre la legalidad de ella, a partir de una interpretación sistemática de toda la normativa involucrada que incluye la consideración a los principios del interés superior del menor de edad y al principio educativo de la sanción. Por todo lo anterior, se rectifica el criterio expuesto con anterioridad por este Tribunal de Casación Penal Juvenil, para que se entienda que las reglas de penalización del concurso material previstas en el Código Penal, no pueden implicar que se sobrepase los plazos que rigen para cada una de las sanciones que regula el proceso penal juvenil…”
Res. No. 2010-0223.- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las diez horas quince minutos del tres de marzo de dos mil diez.

PLAZO DE LA SANCIÓN “LIBERTAD ASISTIDA”

Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles modificó el plazo de duración de las sanciones de la Libertad Asistida prevista en el artículo 125 LJPJ

“…El tema que propone la abogada defensora ya ha sido tratado con anterioridad por este Tribunal, específicamente en la resolución Nº 2008-1057 de las 14:50 horas del 17 de octubre de 2008, en la que se acogió un reclamo con el mismo fundamento que se conoce en este asunto. En esta oportunidad se dijo:  "...el artículo 128 de esta Ley, claramente establece que el período máximo que pueden durar las órdenes de orientación y supervisión es de dos años.  Esta disposición no fue modificada por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles que, curiosamente, sí modificó el plazo de duración de las sanciones de la Libertad Asistida prevista en el artículo 125 que se elevó a cinco años, el Internamiento Domiciliario del artículo 129, que pasó a ser de tres años y el Internamiento en tiempo libre del artículo 130 que también se elevó a tres años, todas estas disposiciones son de la Ley Penal Juvenil.  La coherencia del sistema tendría que haber llevado a modificar también el plazo de las órdenes de orientación y supervisión sobre todo porque, tratándose de la sanción de Libertad asistida, suele ser muy común que durante este período de tiempo también se le impongan órdenes de orientación y supervisión, tal y como ocurrió en este caso. Sin embargo, no puede interpretarse o utilizar una aplicación analógica o extensiva en materia restrictiva de libertades como lo es el proceso penal juvenil. Así que, en los casos en que se imponen diferentes tipos de sanciones, se deben respetar los plazos que la ley permite para cada una". Criterio que ahora se comparte. Ahora bien, conforme se detalla en la sentencia Nº 143-2007 de las 8:17 horas del 3 de agosto de 2007, que origina la presente demanda de revisión (folios 403 a 404) la Juzgadora impuso, como una sanción simultánea, las órdenes de supervisión y orientación, sin embargo, no se tomó en cuenta que el plazo de la sanción de la libertad asistida era por dos años y siete meses, de manera que excedió los dos años que tiene como límite la primera de estas sanciones …”
Res. No. 2010-0223.- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las diez horas quince minutos del tres de marzo de dos mil diez.

SANCIÓN INDETERMINADA

Período máximo que pueden imponerse las órdenes de orientación y supervisión

“…Según puede colegirse de la sentencia de instancia, el órgano jurisdiccional le impuso a la sentenciada una libertad asistida por el plazo de cuatro años (…)  Como puede notarse ni de la parte dispositiva ni de la considerativa deriva el plazo máximo por el que se imponen las órdenes de orientación y supervisión. Esta Cámara, con una integración parcialmente similar a la actual y que aquí se comparte, ha indicado a través del voto número 2008-1057 de las catorce horas cincuenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil ocho, lo siguiente: "...el artículo 128 de esta Ley {de Justicia Penal Juvenil}, claramente establece que el período máximo que pueden durar las órdenes de orientación y supervisión es de dos años (…)). En el presente caso, como se dijo, se observa el mismo vicio pues a las órdenes de orientación y supervisión no se les fijó plazo máximo por lo que parecen regirse, al aludirse en la sentencia a la simultaneidad con la sanción de libertad asistida, por el plazo de ésta última sanción que es superior al previsto legalmente para las órdenes de orientación y supervisión…”
Res.  2010-0005.- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL.  Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las quince horas con cuarenta minutos del seis de enero de dos mil diez