Incumplimiento de la sanción 
“…Ante ese panorama, estima esta Cámara que para conciliar los intereses en juego (el derecho de audiencia y defensa del sentenciado por una parte con su deber de responsabilizarse efectivamente, y no solo mediante condenas de papel, por sus actos por la otra) sin menoscabar, tampoco, el principio de legalidad mediante interpretaciones analógicas para casos no previstos (como sucede en el caso de la rebeldía y la pretensión de que ello tenga consecuencias sobre la prescripción) ni hacer extremadamente gravosa la solución para el sentenciado (susceptible de ser sancionado más drásticamente que con la pena final a fijar so pretexto de garantizarle aquellos derechos) lo que procede es aplicar, a la especie, lo establecido en el párrafo segundo del artículo 459 del Código Procesal Penal que dispone: "Si el sentenciado se halla en libertad, se dispondrá lo necesario para su captura" . Evidentemente, esa disposición propia de la materia de ejecución en el proceso de adultos, no toma en cuenta que en materia penal juvenil la mayoría de las penas impuestas son diferentes a la privación de libertad -que sí opera casi como regla en la materia penal- y podría implicar los mismos abusos a que se ha hecho alusión respecto de la rebeldía pero ha de ser interpretada en función de los principios propios de la materia penal juvenil, es decir, constatada la posibilidad de incumplimiento de la sanción, convocada a la audiencia respectiva y acreditado que el menor de edad sentenciado no es ubicable en la dirección que dio para tales efectos, debe ser conducido en forma coactiva (capturado) y presentado ante el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles órgano que, inmediatamente o a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención (artículo 37 de la Constitución Política), debe convocar y celebrar la audiencia referida, utilizando las ventajas propias de la oralidad y la falta de formalidad en las comunicaciones (artículo 163 del Código Procesal Penal aplicable supletoriamente a la materia conforme a la norma referida). Con esas limitaciones se neutraliza la posibilidad de que el sentenciado pase detenido más tiempo para celebrar la audiencia de aquel que pudiera hacerlo para descontar la pena principal, sobre todo cuando ésta no es el internamiento en centro especializado sino otro tipo de sanciones. Nótese que la presentación coactiva de personas está prevista por nuestra legislación aún para casos en los que apenas hay indicio comprobado de delito en su contra (artículo 235 del Código Procesal Penal) o aún para supuestos en que la causa no se sigue contra ellos sino que su declaración se requiere para fines procesales (artículos 208 y 210 del Código Procesal Penal, el primero en relación con el voto Nº 874-200 de la Sala Constitucional y el segundo en consonancia con el voto Nº 2577-2000 de dicha Sala) (…) VIII.- Así las cosas, en síntesis, esta Cámara no comparte la posición asumida en este caso por el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles de disponer, en ausencia del sentenciado, la revocatoria de la pena subsidiaria. Por el contrario, se comparte y avala la decisión del Tribunal Penal Juvenil únicamente en cuanto revocó esa medida y dispuso que no era posible ordenar el incumplimiento sin que previamente hubiese sido traído y escuchado el sentenciado en la audiencia respectiva, mas nos apartamos de ese pronunciamiento en cuanto dispuso que el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles debe decretar la rebeldía del sentenciado (medida que debió ser el propio Tribunal Penal Juvenil quien emitiera pues, lo contrario, implica imponerle un criterio al a quo si éste no lo comparte, en detrimento del principio de independencia judicial) disponiendo, en su lugar, que lo que procede es ordenar la detención e inmediata presentación, o a lo sumo dentro de las veinticuatro horas después de detenido, del joven xxxx por los medios coactivos de que dispone el despacho competente, ojalá en horas hábiles de manera que se garantice la efectiva realización de la audiencia en el momento que se haga comparecer al joven…‖ 
Res. 1003-2008.- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas cincuenta minutos del seis de octubre del dos mil ocho 

Ordenar la rebeldía y presentación es una violación a los derechos procesales y constitucionales ―…El tema planteado ya fue abordado por esta Cámara, con una integración parcialmente diferente a la actual, en el voto Nº 2008-1003 de las 15:50 horas del 06 de octubre de 2008 con ocasión a una discusión semejante a la que aquí se plantea, excepto porque en en el caso que ahora nos ocupa el Tribunal Penal Juvenil no mantuvo, como en el anterior precedente, el criterio de que había que decretar la rebeldía del sentenciado antes de variar la sanción sino que validó el procedimiento seguido por el Juzgado Penal Juvenil según el cual lo que se requería era únicamente la citación en el lugar señalado al efecto y, ante la incomparecencia a la audiencia, se podía prescindir de ésta y adoptar la decisión correspondiente. Salvado ese punto, lo resuelto en aquella oportunidad es plenamente aplicable al caso concreto (…) Ello implica que para este Tribunal, ahora, no es posible entender, como se hacía antes de esta ley, que se pueda decidir un cambio de sanción alternativa sin la necesaria presencia del sentenciado y su defensor en una audiencia oral y privada tal y como lo dispone el citado artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y lo regula el Código de la Niñez y la Adolescencia (artículos 105, 107 inciso a) y 114 inciso f (…) Evidentemente hay que interpretar esas disposiciones en sintonía con los otros derechos consagrados a favor de las personas a las que se les sigan procesos penales dentro de los que se encuentran el derecho de abstención lo que obliga a considerar que es necesario que en la audiencia sobre el cambio de sanción esté presente la persona menor de edad sentenciada aunque ello, obviamente, no signifique que no pueda -como es su derecho- permanecer en silencio si ese es su interés. Lo que no podría es considerarse, a la luz de las normas referidas, que se pueda prescindir de la celebración de la citada audiencia aún y cuando se hubiese ordenado citar al menor en su domicilio y éste no comparece y, para el caso que nos ocupa, decretar ipso facto el incumplimiento de la sanción, consideraciones todas que conducen a esta Cámara a descartar como posible el camino usado, en este caso, por el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y que la recurrente solicita que se aplique. Por ello, también se descarta la posición del Tribunal Penal Juvenil cuando en el voto Nº 29-07 de las 9:00 horas del 9 de febrero de 2007 (…) La audiencia oral, con la obligatoria presencia del sentenciado, fue una decisión clara del legislador que no puede ser obviada bajo el argumento de que, habiendo incumplido, ya no se requiere de su presencia para resolver sobre ese posible incumplimiento en razón de que el sentenciado decida no presentarse. No puede entenderse que cuando el artículo 29 de la ley en comentario señala que la audiencia es obligatoria, oral y privada con la participación de la persona sentenciada se pueda entender que esa "obligación" es potestativa. Esta participación no puede ser sustituida o entendida como solamente ordenar su presentación o citación. La razón para esto deriva de los principios fundamentales de audiencia y defensa y, en el caso de la fase de ejecución, se requiere por las implicaciones que pueden derivar de un incumplimiento de una sanción alternativa en cuanto se permitiría eventualmente el internamiento de la persona menor de edad. La imposibilidad de prescindir de esa audiencia se podría asimilar, válidamente, a la obligación de suspender el debate oral y público cuando la persona acusada no comparece, pese a que sí se le hubiera citado correctamente o cuando, acogido parcialmente un recurso de casación o revisión, se ordene un reenvío parcial (solo para efectos de imposición de pena) y al juicio de reenvío no asista el imputado. En ninguno de los casos se puede realizar el acto en ausencia del imputado. La única diferencia está en que en aquellos casos aún está vigente, total o parcialmente, la acción penal y en el que aquí nos ocupa no. (…) esta Cámara de Casación considera que no es posible aplicar a estos supuestos la declaratoria de rebeldía y sus consecuencias como una forma de proteger los intereses (de audiencia y defensa) del sentenciado ante su eventual incumplimiento, ya que dicho instituto, por una parte, tiene un carácter eminentemente procesal y, por la otra, puede vulnerar derechos del sentenciado de mayor valor que aquellos (audiencia y defensa) que se pretenden garantizar con su ejecución. En cuanto al carácter procesal de la rebeldía hay que tener en cuenta que el instituto está previsto por el artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil (…)De igual manera, el artículo 89 del Código Procesal Penal señala (…)"Será declarado en rebeldía el imputado que, sin grave impedimento, no comparezca a una citación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido o se ausente de su domicilio sin aviso" (el destacado es suplido) y el numeral 90 ibídem establece los efectos de esa declaratoria sobre el proceso. Por mucho que el artículo 7 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles posibilite usar esas normas para interpretar e integrar los vacíos de esa normativa, nunca podría hacerse ello en detrimento de los mismos principios que rigen la materia represiva dentro de los cuales el de legalidad es esencial en la construcción del Estado de Derecho. Ergo, no podrían interpretarse por analogía las normas referidas para que en donde ellas dispongan "imputado" o "acusado" (ergo sometido a un procedimiento judicial que no ha concluido) se interprete "sentenciado", condición que adquiere aquel para quien ya finalizó, con sentencia firme, el procedimiento penal. Pero, además de ello, es claro que el dictado de la rebeldía puede implicar una vulneración de derechos del sentenciado de mayor valor que aquellos (audiencia y defensa) que se pretenden garantizar con su ejecución. Esto es así porque la detención que se origine luego de una declaratoria de rebeldía puede extenderse en el tiempo, sin que ninguna norma garantice que, inmediatamente practicada la detención, deba realizarse la diligencia prevista…‖ Res. No. 1175-2008.- TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil ocho.